El texto justifica la aprobación urgente de un real decreto-ley como respuesta integral a la crisis desencadenada por la guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero tras la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel y la posterior reacción iraní, que ha agravado la inestabilidad en Oriente Medio, elevado el número de víctimas y provocado fuertes perturbaciones en los mercados energéticos y en la economía mundial. La escalada bélica, unida al bloqueo del Estrecho de Ormuz y a la afectación del tráfico de petróleo y gas, ha disparado los precios del crudo y del gas natural, obligando a la Agencia Internacional de la Energía y al propio Gobierno de España a liberar reservas estratégicas para contener el impacto. A partir de este contexto, el texto insiste en que la dependencia de combustibles fósiles importados sigue siendo una gran vulnerabilidad estructural de la economía española, pese a los avances logrados en los últimos años gracias al fuerte crecimiento de las energías renovables y a la reducción de la exposición del sistema eléctrico al gas natural.