La Orden ITC/1522/2007 fue, en su día, un paso decisivo: creó el sistema español de Garantías de Origen (GdO), el mecanismo que certifica cuánta electricidad procede realmente de fuentes renovables o de cogeneración de alta eficiencia. Sobre el papel, el sistema tenía —y tiene— dos objetivos nobles:
- fomentar la transparencia para consumidores e industria, y
- reconocer el valor ambiental de la producción renovable.
Pero casi dos décadas después, la gran pregunta sigue sin resolverse: ¿las GdO han servido para impulsar un consumo más limpio o se han convertido en una moneda simbólica, desconectada de la realidad física del sistema eléctrico?
La intención original: poner orden en un mercado opaco
En 2007, la electricidad “verde” era un concepto más aspiracional que real. La Orden trató de crear un sistema verificable en el que la CNMC (entonces CNE) pudiera certificar cuántos MWh renovables producía cada planta y transferirlos a comercializadoras para que estos “créditos verdes” pudieran asociarse a contratos con consumidores.
Era un mecanismo pionero, inspirado en modelos del norte de Europa, que pretendía dotar de trazabilidad a la energía limpia en un sistema donde todos los electrones son indistinguibles.
El problema crónico: garantía sí, impacto real… discutible
La principal crítica al modelo de Garantías de Origen no proviene de detractores de la transición energética, sino de quienes reclaman que sea rigurosa.
Las GdO certifican el origen anual de la energía, pero no garantizan:
- que la energía renovable se consuma en el mismo momento,
- que el sistema tenga más renovables por comprarlas,
- ni que la empresa que las vende invierta realmente en nueva capacidad verde.
En la práctica, muchas grandes compañías han utilizado las GdO para reverdecer su imagen sin modificar su estructura de consumo real ni sus emisiones. Y aunque el mecanismo es legal, genera una tensión creciente entre imagen ambiental y reducción efectiva de CO₂.
Un mercado barato que revela su propia debilidad
Las Garantías de Origen se han vuelto tan abundantes —gracias al crecimiento exponencial de la fotovoltaica y la eólica— que su precio es irrisorio.
Cuando un certificado que acredita un MWh “verde” cuesta céntimos, aparece la duda inevitable:
¿qué señal económica está enviando realmente este sistema?
Si las GdO quieren ser un incentivo de inversión, su valor debería transmitir escasez, calidad y adicionalidad. Si quieren ser un instrumento de transparencia, deberían reflejar momentos de consumo real, no balances anuales.
La Orden de 2007, pensada para un mercado pequeño, no anticipó el boom renovable actual.
El desafío de la confianza: consumidores cada vez más escépticos
El ciudadano medio, y también las empresas que apuestan por la descarbonización, se preguntan qué significa exactamente que su factura sea “100% renovable”.
Hoy significa, esencialmente, que la comercializadora ha comprado suficientes GdO. Pero eso no implica que en las horas punta su electricidad fuera renovable, ni que su decisión haya incentivado nueva producción verde.
Las GdO se han convertido en un instrumento que funciona administrativamente, pero cuyo significado climático es cada vez menos comprendido. Es un problema de comunicación, pero también de diseño del sistema.
Europa ya va por otra vía: trazabilidad horaria
Mientras la Orden ITC/1522/2007 sigue vigente, la UE avanza hacia un modelo de “GdO horaria”, donde los certificados se vinculan a la producción real en cada hora del año.
Este nuevo paradigma haría imposible lo que ahora sí es habitual: que una empresa declare ser 100% renovable usando GdO anuales, aunque consuma electricidad fósil en momentos de baja generación verde.
España debe decidir si renueva su sistema —adaptándolo a esta trazabilidad fina— o si mantiene un esquema que pierde capacidad de diferenciación en cada megavatio renovable que se suma al sistema.
La parte positiva: un sistema robusto, verificable y exportable
No todo es crítica. La Orden de 2007 creó un marco que ha funcionado con fiabilidad administrativa, ha evitado fraudes masivos y ha permitido que las empresas españolas participen en el mercado europeo de certificados.
Es una infraestructura regulatoria sólida, pero envejecida. La tecnología, los mercados y las exigencias climáticas han cambiado más que la propia norma.
Una herramienta útil que ya no basta
La Orden ITC/1522/2007 fue un acierto en su tiempo, pero hoy necesita una profunda actualización conceptual, no solo técnica.
La transición energética exige mecanismos que:
- incentiven nueva capacidad renovable,
- reflejen consumo real,
- y aporten transparencia climática, no solo administrativa.
Las Garantías de Origen seguirán siendo útiles, pero si quieren recuperar credibilidad y relevancia, deberán abandonar el modelo de “etiqueta simbólica” y evolucionar hacia un sistema que conecte lo que se produce, lo que se consume y lo que se declara.
Porque en esta fase de la transición, las palabras “100% renovable” tienen que significar algo más que un apunte contable.
