La madrugada del 28 de abril de 2025 dejó una imagen que España no esperaba volver a ver en pleno siglo XXI: ciudades a oscuras, redes colapsadas, industrias paralizadas y hospitales tirando de generadores. Aquel apagón parcial, que el Gobierno describió como un “incidente técnico” pero que los operadores calificaron sin tapujos como fallo estructural, marcó un antes y un después en la confianza del país hacia su sistema energético.
El Real Decreto 997/2025, aprobado apenas seis meses después, pretende ser la respuesta a esa crisis. Pero más allá del titular tranquilizador, la norma revela una reacción tardía, improvisada y profundamente sintomática de una planificación energética que lleva años viviendo al día.
Una norma que reconoce lo que se quiso ocultar
El propio texto del decreto —al hablar de “refuerzo urgente” y de “situaciones excepcionales de vulnerabilidad del sistema eléctrico”— es la admisión oficial de un fracaso de previsión. Durante años, España ha presumido de liderazgo renovable, pero ha descuidado la otra cara de la transición: las infraestructuras de respaldo, almacenamiento y red.
El sistema se ha alimentado de titulares, no de transformadores. Y el apagón de abril fue la factura acumulada de esa autosatisfacción institucional.
Ahora, el Gobierno recurre a la vía del Real Decreto de urgencia, declara actuaciones “de interés general”, habilita fondos extraordinarios y amplía la capacidad de intervención del Operador del Sistema. Todo correcto sobre el papel. Pero la pregunta que resuena en despachos municipales, diputaciones y tribunales contenciosos es otra: ¿por qué siempre actuamos cuando ya no hay margen para planificar?
Centralismo y precipitación: el doble riesgo
El RD 997/2025 concentra decisiones en el nivel estatal, agiliza autorizaciones y simplifica trámites. Es lógico en un contexto de emergencia, pero peligroso si se convierte en hábito. Los ayuntamientos se ven obligados a tramitar proyectos eléctricos en tiempos imposibles, los secretarios municipales a emitir informes con lagunas técnicas, y los interventores a fiscalizar fondos de urgencia sin garantías de trazabilidad.
La norma otorga al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica de España una autoridad operativa casi discrecional, dejando en la práctica a las entidades locales en un papel subordinado, reducidas a mero canal de ejecución.
En la teoría, el decreto promete coordinación; en la práctica, impone centralización. Y con ello, erosiona uno de los pocos principios que deberían blindarse incluso en la crisis: la autonomía administrativa y el control jurídico del gasto público.
La urgencia como coartada
El decreto habla de “reforzar la resiliencia del sistema eléctrico”, pero no aborda las causas estructurales de su debilidad: la falta de inversión sostenida en almacenamiento, el retraso en digitalización de redes de distribución y la parálisis administrativa que ha frenado el despliegue de nuevas infraestructuras.
Lo urgente se convierte, una vez más, en excusa para no hacer lo importante. Se reacciona al apagón con la misma lógica que provocó el apagón: medidas reactivas, inversión de emergencia y decisiones sin evaluación pública.
La ironía es cruel: España se dota de una de las legislaciones más avanzadas sobre transición energética, pero cuando la red falla, la solución vuelve a ser el decreto relámpago, sin consulta, sin transparencia y con el riesgo de abrir la puerta a contratos y obras adjudicadas con opacidad bajo la etiqueta del “interés general”.
Los gestores locales, entre el fuego y la chispa
Los secretarios e interventores municipales, así como los letrados de diputaciones, son ahora los guardianes del equilibrio entre rapidez y legalidad. Deben autorizar proyectos eléctricos declarados “prioritarios” con plazos mínimos y bajo presión política. El riesgo no es teórico: una autorización o informe precipitado puede derivar en reparos suspensivos, reintegros de fondos europeos o responsabilidades contables personales.
No se trata solo de luces y cables: se trata de confianza pública. Si las medidas urgentes acaban saltándose los procedimientos de control, el remedio puede ser tan grave como la enfermedad. Las crisis eléctricas se solucionan con ingeniería, sí, pero también con administración fiable.
El síntoma de un modelo agotado
El Real Decreto 997/2025 no es tanto una solución como un síntoma de un modelo energético agotado. Un sistema que ha invertido en potencia instalada, pero no en cohesión; que ha apostado por megavatios y ha descuidado la gestión del flujo. La red eléctrica española se ha vuelto más verde, pero también más vulnerable. Y el decreto lo confirma: no hay resiliencia sin gobernanza.
La urgencia puede ser necesaria, pero no puede ser permanente. Si cada crisis energética exige un real decreto de emergencia, entonces la emergencia se ha convertido en el modelo de gobierno.
El apagón no fue un accidente, fue un aviso
El RD 997/2025 intenta reparar la red física, pero el verdadero cortocircuito es institucional. Lo que colapsó en abril no fueron solo los transformadores: colapsó la previsión, la coordinación y la responsabilidad compartida.
España no necesita más decretos de urgencia; necesita una política energética adulta, planificada, transparente y con controles reales. Porque de poco sirve reforzar cables si se siguen debilitando los procedimientos.
El apagón de 2025 fue una noche sin luz. Pero si no aprendemos la lección, la oscuridad próxima será administrativa.
