Reglamento de suministro y comercialización de electricidad

Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica

Análisis:

Aprobación del REGLAMENTO GENERAL de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica
MODIFICA:
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas.
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
REGLAMENTO GENERAL DE SUMINISTRO, COMERCIALIZACIÓN Y AGREGACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- Objeto: establecer el régimen jurídico aplicable a las actividades minoristas del sector eléctrico, y en particular las actividades de comercialización, suministro y agregación de energía eléctrica y a las relaciones entre los distintos sujetos que intervienen y/o las desarrollan, estableciendo las medidas necesarias encaminadas a garantizar el suministro de energía eléctrica a todos los consumidores finales
- Suministro de energía.
- Contratación del suministro de energía eléctrica.
- Protección y empoderamiento del consumidor.
- Anexo I. Datos que deben figurar en el Sistema de información de puntos de suministro.
- Anexo II. Modelo de declaración responsable del consumidor directo en mercado.
- Anexo III. Modelos de declaración responsable del comercializador de energía eléctrica.
- Anexo IV. Modelo de declaración responsable del agregador independiente.

RESUMEN:

La normativa vigente sobre comercialización y suministro de energía eléctrica se apoya fundamentalmente en el título VIII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, desarrollada por un conjunto de reales decretos aprobados en su mayoría con anterioridad a dicha ley y al actual modelo de mercado liberalizado, en el que desaparecen las tarifas integrales y todos los consumidores pasan formalmente al mercado libre, manteniéndose el PVPC para determinados colectivos. Esta situación ha generado la necesidad de una revisión profunda del marco regulador para adaptarlo tanto a la evolución del sector como a los objetivos de política energética definidos en los últimos años a nivel nacional, europeo e internacional.

El sector eléctrico se encuentra inmerso en una transformación estructural orientada a la sostenibilidad, la eficiencia y la descarbonización de la economía antes de 2050. Este proceso se articula a través de un amplio conjunto de instrumentos estratégicos y normativos, entre los que destacan la Ley de cambio climático y transición energética, el PNIEC y su actualización 2023-2030, el PNACC, así como las estrategias contra la pobreza energética y de transición justa. Este marco sitúa a España entre los Estados miembros con mayor ambición en energías renovables y eficiencia energética, y exige una adaptación del régimen de contratación y suministro que reconozca el nuevo protagonismo del consumidor.

Junto a ello, se hace imprescindible actualizar y refundir una normativa minorista dispersa y parcialmente obsoleta, tanto para mejorar la claridad terminológica como para reforzar la seguridad jurídica. La coexistencia de normas parcialmente derogadas o modificadas por disposiciones posteriores, como ocurre con la regulación de los peajes de acceso tras la intervención de la CNMC, ha generado incertidumbre que este real decreto pretende corregir. Esta tarea de clarificación normativa se concibe como un instrumento directo de protección del consumidor eléctrico.

La experiencia acumulada ha puesto asimismo de manifiesto carencias relevantes en materia de protección del consumidor, especialmente en lo relativo al cambio de comercializador, la contratación, la facturación y los mecanismos de reclamación. Se constata un incremento sostenido de quejas, particularmente por cuestiones de facturación, que la CNMC identifica como un problema estructural del mercado minorista. En la misma línea, el Defensor del Pueblo ha advertido deficiencias en los sistemas de resolución de conflictos y en la información facilitada a los usuarios sobre las vías de reclamación disponibles. El nuevo marco refuerza la transparencia, prohíbe prácticas de contratación telefónica no solicitada, limita las modificaciones unilaterales de contratos y exige servicios de atención al cliente gratuitos, accesibles y eficaces, previendo incluso la figura voluntaria de un Defensor del Cliente independiente.

El real decreto incorpora además las exigencias derivadas del Derecho de la Unión Europea, en particular de la Directiva (UE) 2019/944, que impulsa el denominado empoderamiento del consumidor y la gestión activa de la demanda como elemento clave para la flexibilidad del sistema eléctrico. En este contexto se regula la figura del agregador independiente, estableciendo sus principios básicos, derechos y obligaciones, como primer paso hacia un desarrollo normativo más completo que permita su plena integración en el mercado.

En materia de datos, se aborda la necesidad de avanzar hacia un sistema más coherente y accesible de gestión de la información de consumo, superando la fragmentación existente. A tal efecto, se encomienda al operador del sistema la gestión de un punto de acceso único a los datos de los clientes finales, reforzando el papel del sistema centralizado de medidas y sentando las bases para un acceso más transparente y eficiente a la información.

El real decreto introduce además modificaciones puntuales en normativa sectorial clave para actualizar obligaciones de información, regular las interrupciones programadas del suministro, aclarar el régimen de acceso y conexión de instalaciones de almacenamiento y adaptar determinados procedimientos técnicos, incluidos los aplicables a territorios no peninsulares. Todo ello se enmarca en el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular los relativos a la agregación, la gestión de la demanda y los servicios de flexibilidad, respetando en todo caso el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente.

Finalmente, la norma se aprueba conforme a los principios de buena regulación, justificándose por razones de necesidad, eficacia y proporcionalidad, reforzando la seguridad jurídica y sin imponer cargas administrativas innecesarias. Ha sido objeto de los informes preceptivos de la CNMC y de los órganos competentes en materia competencial, se integra en el Plan Anual Normativo de 2025 y se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de planificación económica y régimen energético, culminando su tramitación con la aprobación del Consejo de Ministros en febrero de 2026.

Ayuda para la interpretación de esta Norma

El Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero aprueba un Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica que refunde y actualiza la regulación minorista del sector eléctrico en España, incorporando derechos y obligaciones para consumidores, comercializadores y nuevos agentes como los agregadores independientes, y reforzando las garantías y la protección al cliente. Esta norma sustituye y unifica múltiples preceptos dispersos del Real Decreto 1955/2000 y otros textos reglamentarios, modernizando el marco normativo conforme a la realidad del mercado liberalizado, la transposición de la Directiva (UE) 2019/944 y las exigencias de transparencia, competencia y transición energética. A continuación se detallan los 5 conceptos mas importantes que toca la norma junto con sus cambios en los últimos 3 años y su aplicación.

1. Protección del consumidor y prácticas comerciales

Qué regula: El reglamento establece derechos del consumidor, obligaciones de información, indicadores de calidad en la atención al cliente y medidas para evitar prácticas abusivas en la comercialización.

Cambios en los últimos 3 años :

Prohibición de llamadas comerciales no solicitadas de compañías eléctricas para ofertar contratos, salvo consentimiento expreso.
Limitación de la contratación telefónica “en caliente” sin documento informativo previo y comparativa de precios.
Rescisión de contratos sin penalización para consumidores vulnerables o con potencia pequeña en determinados supuestos.