Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.

Análisis.

• Medidas para el transporte de mercancías por carretera
  • Modificación de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
  • Modificación de la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.
• Medidas para el transporte de mercancías por ferrocarril
  •  Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
  •  Modificación del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio

RESUMEN:

El texto explica que, junto a las medidas coyunturales ya aprobadas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, para paliar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra de Irán, el Gobierno considera necesario adoptar nuevas medidas complementarias, especialmente en el ámbito del transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril. La fuerte subida del precio de los productos energéticos, que ha encarecido de forma inmediata el combustible y otros insumos esenciales como neumáticos o lubricantes, ha deteriorado gravemente la viabilidad económica del transporte terrestre, un sector especialmente vulnerable porque tiene dificultades estructurales para trasladar con rapidez esos sobrecostes a sus clientes. Por ello, además de mantener ayudas extraordinarias para transportistas por carretera, tanto para quienes se benefician de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos como para quienes no acceden a ella, se plantea una reforma de carácter estructural orientada a corregir de forma más estable los desequilibrios del sector.

En este contexto, la norma destaca la necesidad de actualizar el régimen jurídico de revisión de precios en los contratos de transporte por carretera. Se parte de que la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, y la Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, ya contemplaban mecanismos de revisión del precio del transporte en función de la variación del gasóleo, pero que tales fórmulas resultan insuficientes en escenarios de gran volatilidad energética como los vividos tras la guerra de Ucrania en 2022 y, con más intensidad aún, tras la crisis internacional iniciada en febrero de 2026 en relación con Irán. Por ello, se sustituye la fórmula existente por otra más flexible y permanente, basada en una variable dinámica ligada al precio del gasóleo antes de impuestos, con el fin de que la revisión del precio pueda operar automáticamente cuando se produzcan incrementos relevantes del combustible. Además, se modifica el artículo 38 de la Ley 15/2009 para reforzar el carácter obligatorio de esa revisión, exigir que el ajuste figure desglosado en la factura y aumentar así la transparencia y la seguridad jurídica en unas relaciones contractuales tradicionalmente asimétricas. Para asegurar la efectividad de estas obligaciones, también se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, incorporando nuevas infracciones y sanciones vinculadas al incumplimiento de la revisión obligatoria del precio del transporte.

El texto también presta una atención específica al transporte ferroviario de mercancías, al que considera un modo esencial desde la perspectiva de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. Se advierte de que el incremento del coste de los carburantes puede expulsar tráfico del ferrocarril hacia otros modos menos sostenibles, frustrando los objetivos de cambio modal y debilitando la cadena logística. Para evitarlo, se establece para 2026 un sistema de ayudas directas destinado a empresas ferroviarias dedicadas al transporte de mercancías, encuadradas en el código 4920 de la CNAE, con una dotación extraordinaria de 3.150.000 euros, calculada en función del número de locomotoras diésel en explotación.

Desde el punto de vista sistemático, el real decreto-ley se organiza en dos capítulos y varias disposiciones finales. El primer capítulo introduce modificaciones en la normativa del transporte de mercancías por carretera, reforzando la revisión obligatoria del precio en función del combustible, actualizando la fórmula contractual y endureciendo el régimen sancionador. El segundo capítulo regula las ayudas al transporte ferroviario de mercancías. Entre las disposiciones finales, además de la reforma sancionadora ya mencionada, se modifica parcialmente el propio Real Decreto-ley 7/2026 para ampliar determinadas ayudas: por un lado, se incluye expresamente a los taxis adaptados o eurotaxis en el régimen de ayudas energéticas para quienes no disfrutan de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos; por otro, se amplía el ámbito de las ayudas al transporte marítimo regular para incluir también servicios de carga pura entre puertos peninsulares, insulares, de Ceuta y Melilla, y entre los propios archipiélagos.

La parte final del texto justifica la utilización del decreto-ley sobre la base de la extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 86 de la Constitución. Se sostiene que la brusca escalada de los precios energéticos, su repercusión inmediata sobre los costes del transporte y el riesgo de deterioro grave de la viabilidad empresarial, del empleo, de la conectividad y de la cadena de suministro hacen imprescindible una respuesta normativa inmediata que no podría alcanzarse con la tramitación legislativa ordinaria. Se subraya asimismo que la norma no invade materias vedadas al decreto-ley, que respeta el contenido esencial de los derechos constitucionales y que incluso la modificación del régimen sancionador se ajusta a la doctrina constitucional. Finalmente, se afirma que la regulación responde a los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, en especial a los de necesidad, proporcionalidad, eficacia, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, defendiendo que las medidas no generan cargas administrativas innecesarias y que, además de atender la urgencia coyuntural, introducen mecanismos permanentes que pueden reducir en el futuro la necesidad de recurrir a ayudas públicas extraordinarias.